Reservas de Combustible en el Valle de México, la Brecha que Deja al Sector Sin Colchón
La Política Mínima de Almacenamiento de Petrolíferos es el instrumento regulatorio que obliga al país a sostener un colchón mínimo de cinco días de gasolina y diésel, además de 1.5 días de turbosina, como resguardo ante interrupciones en el abasto. Su función es simple en el papel, garantizar que una falla logística, un cierre de ducto o un pico de demanda no dejen a las gasolineras sin producto que despachar, conectando la capacidad de refinación, la importación y el almacenamiento en un solo indicador de suficiencia operativa.
El problema es que, cuando se contabiliza únicamente el almacenamiento propiedad de Petróleos Mexicanos, sus Terminales de Almacenamiento y Reparto, la disponibilidad promedio real de reservas de combustible cae a tres días, una brecha que ha vuelto a encender las alertas sobre la gasolina en el Valle de México, la zona de mayor consumo del país.
Esa brecha coincide con un semestre en el que la cobertura periodística documentó desabasto de gasolina en once entidades del país, retrasos en el reabasto de estaciones de servicio y, en el caso específico del Estado de México, una revisión oficial sobre la situación real del combustible en la entidad. Ninguno de esos episodios equivale por sí solo a un colapso del sistema de distribución, pero la coincidencia entre un inventario por debajo del piso normativo y reportes recurrentes de tanques con producto insuficiente en el corredor de mayor consumo del país concentra la atención regulatoria sobre una zona que difícilmente puede operar con márgenes de tres días.
El fenómeno se presenta, además, en un momento en el que el gobierno federal sostiene el tope al precio de la gasolina mediante un acuerdo voluntario con el 83% de los operadores de estaciones de servicio en las 32 entidades, con el objetivo declarado de mantener la Magna por debajo de $24.00 por litro. Ese esquema, vigente desde principios de 2025 entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial, ha cumplido su cometido en el papel: la Magna se ubicó en $23.68 por litro en el promedio nacional durante la primera quincena de agosto de 2026, con la Premium en $28.50 y el diésel en $27.01.
Pero contener el precio en el surtidor no resuelve, por sí mismo, el rezago en la infraestructura física que debería sostener esa estabilidad.
El Costo de Sostener el Precio Sin Ampliar las Reservas de Combustible
El instrumento detrás de esa estabilidad es el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que el gobierno federal autorizó por $473,279.1 millones de pesos durante 2026 para absorber el diferencial entre el precio internacional de los hidrocarburos y el tope pactado en el surtidor. Se trata de un mecanismo de contención de precio, no de un programa de inversión en infraestructura de almacenamiento, lo que sugiere que la prioridad de política pública se ha concentrado en el indicador visible para el consumidor, el precio por litro, antes que en el indicador que sostiene la resiliencia del sistema ante un choque de oferta.
Del lado de la producción, Pemex reporta un incremento en su capacidad de refinación de 485,478 a 1,017,076 barriles diarios, un crecimiento de 109.49% impulsado en buena medida por la entrada en operación de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, reconocida con el tercer lugar en los Premios de Excelencia IPMA 2025. El aumento en la capacidad de procesamiento, sin embargo, no equivale automáticamente a mayor capacidad de almacenamiento y despacho, puesto que ambos eslabones de la cadena de valor de petrolíferos responden a lógicas de inversión distintas: refinar es producir molécula, almacenar es sostener inventario disponible para absorber variaciones de demanda regional.
Once Estados Reportan Desabasto de Gasolina Este Verano
La cobertura periodística de este verano coincidió en once estados con desabasto de gasolina en México, documentado en tanques vacíos, filas prolongadas en el surtidor y retrasos de varias horas en el reabasto desde las terminales de distribución. En el Estado de México, la revisión oficial sobre la disponibilidad real del combustible confirmó lo que gasolineros de la región venían señalando: un ritmo de reabasto que no siempre cubre la demanda de la zona conurbada antes de que el inventario toque niveles críticos.
Para una estación de servicio con inventario ajustado, la distancia a la Terminal de Almacenamiento y Reparto más cercana deja de ser un dato logístico secundario. Un retraso de un día en el reabasto puede traducirse en horas de dispensario cerrado, sobre todo en municipios periféricos del Valle de México, donde la frecuencia de pipas es menor que en la zona metropolitana central, un margen operativo ya comprimido por el acuerdo de precios que deja poco espacio para absorber además una interrupción logística sin trasladar el costo al cliente final.
Diésel Más Barato, Gasolina Más Cara, la Paradoja del Valle de México
En el Valle de México, la brecha entre el promedio nacional y el precio local de la gasolina se hizo visible en el reporte del 12 de agosto: la Magna se vendió en Ciudad de México a $23.802 por litro y la Premium a $28.694, ambas por arriba del promedio nacional de ese mismo día ($23.694 y $28.525, respectivamente), mientras que el diésel capitalino cerró en $26.987, ligeramente por debajo de los $27.033 nacionales. Ese patrón, con gasolina más cara y diésel más barato que el resto del país, es consistente con una zona metropolitana donde la presión logística golpea de forma distinta a cada petrolífero, según el origen de la molécula y la terminal de despacho de la que depende cada estación.
La Comisión Nacional de Energía (CNE), que sustituyó a la extinta Comisión Reguladora de Energía en marzo de 2025 como único regulador del sector, concentra entre sus atribuciones la de otorgar permisos de almacenamiento, transporte y venta de petrolíferos, además de fijar precios y tarifas. Esa concentración de facultades la convierte en el actor con capacidad para exigir a los permisionarios privados que amplíen su infraestructura de resguardo, aunque el diseño del acuerdo voluntario de precios, pensado para contener el costo al público, no incluye hasta ahora un mecanismo que ligue el cumplimiento del tope con inversión obligatoria en capacidad de almacenamiento adicional.
¿Qué ocurre si el consumo del Valle de México sigue firme mientras el colchón de reservas se mantiene dos días por debajo del mínimo legal y el precio en el surtidor permanece contenido por acuerdo? La respuesta depende de variables que hasta ahora no forman parte del debate público: la velocidad de reabasto de las Terminales de Almacenamiento y Reparto, la disposición de los permisionarios privados a invertir en tanques adicionales bajo un esquema de márgenes comprimidos, y la capacidad del gobierno federal para sostener el estímulo fiscal en un escenario de mayor volatilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos.
El contraste resulta más notable si se compara con el desempeño de otros indicadores del sector. Las reservas internacionales del país crecieron 47.94% entre diciembre de 2018 y junio de 2026, de $173,775.4 a $257,087.4 millones de dólares, sostenidas en parte por ingresos petroleros acumulados de $2,122,199.32 millones de pesos y por ventas de crudo al exterior valuadas en $206,100.83 millones de dólares, equivalentes a 4.93% de las exportaciones totales del país.
Mientras esos indicadores financieros documentan una posición externa robusta, el indicador físico, los días de combustible disponibles en tanque, se mantiene por debajo del piso que la propia regulación mexicana estableció como mínimo aceptable.
La discusión pública sobre el desabasto reportado en once estados durante este verano se ha enmarcado, en buena parte, alrededor de si el tope de $24.00 por litro para la Magna resulta viable en el mediano plazo sin comprometer el abasto físico. Los datos disponibles no permiten concluir que el tope de precio sea la única causa del rezago en almacenamiento, puesto que unas reservas de combustible bajo el mínimo legal en las Terminales de Almacenamiento y Reparto se documentan como una condición estructural de esa infraestructura, y no como una consecuencia directa del acuerdo de precios vigente desde 2025.
Lo que sí sugieren los datos es que ambos fenómenos, precio contenido y reserva insuficiente, conviven en el mismo periodo, lo que obliga a evaluarlos en conjunto antes de atribuir el riesgo de desabasto a una sola variable.
El país sostiene hoy un precio de la Magna cercano a $23.70 por litro mediante un acuerdo voluntario con el 83% de las gasolineras del territorio nacional y un estímulo fiscal superior a $473,000 millones de pesos, mientras sus reservas de combustible en terminales propiedad de Pemex se mantienen en tres días frente al mínimo legal de cinco, una combinación que deja al Valle de México, la zona de mayor consumo del país, expuesto a que cualquier interrupción logística, por breve que sea, se traduzca en las filas y los retrasos en el reabasto que once estados ya reportaron este verano.
