La trazabilidad del IEPS a la gasolina es el mecanismo de fiscalización que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara para dar seguimiento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) desde el momento en que el combustible ingresa al país por importación hasta que se despacha en el surtidor de una gasolinera. Su propósito es identificar en qué punto de la cadena de valor de petrolíferos se pierde el pago del gravamen, conectando los registros de aduanas, refinerías y terminales de almacenamiento con el expendio final al consumidor.
El IEPS opera en México desde 1980 y ha transitado de ser un instrumento recaudatorio de aplicación relativamente simple a convertirse en el blanco de un esquema de evasión conocido como huachicol fiscal, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calculó en aproximadamente $16,000 millones de pesos solo durante 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la medida el 3 de septiembre de 2026 durante su conferencia matutina, como parte de las prioridades del Paquete Económico 2027 que el Gobierno federal envió al Congreso el 8 de septiembre, con detalles específicos revelados un día después. "Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad, que nos va a ayudar mucho para este tema del huachicol fiscal", declaró la mandataria, quien aclaró que no se trata de un impuesto nuevo sino de un refuerzo a la fiscalización existente. La implementación no será inmediata, puesto que el SAT requiere adecuar sus sistemas antes de poder operar el rastreo a lo largo de toda la cadena comercial.
El mecanismo de trazabilidad del IEPS, de la aduana al surtidor de gasolina
El diseño del sistema busca comparar, en cada eslabón, el volumen de combustible que ingresó al país mediante permisos de importación con el volumen que finalmente se factura y se vende al público, detectando discrepancias que hoy permiten declarar un producto bajo una fracción arancelaria distinta a la real para pagar menos IEPS del que corresponde. Sheinbaum explicó que "es el mismo impuesto que existe, pero que combate la evasión fiscal", y agregó que el objetivo es garantizar que "quien no paga impuestos, sí los pague".
El mecanismo se apoyará en una infraestructura que ya opera parcialmente: el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, módulo del CFDI que el Gobierno federal puso en marcha en marzo de este año para mejorar el registro de movimientos de hidrocarburos.
Esta capa no sustituye los controles volumétricos que, desde 2019, son obligatorios para permisionarios de almacenamiento, transporte y distribución conforme al Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal, sino que se sobrepone a ellos. Mientras los controles volumétricos certifican cuánto combustible se mueve físicamente, la trazabilidad del IEPS busca certificar cuánto impuesto corresponde a ese volumen y en qué eslabón se dejó de declarar.
Por tanto, la novedad no está en medir el combustible, tarea que ya recae en los proveedores logísticos, sino en cruzar esa medición con el pago fiscal registrado desde la importación de cada litro de gasolina hasta el CFDI de venta al público.
Huachicol fiscal, empresas fantasma y permisos cancelados
El huachicol fiscal, a diferencia del robo de combustible de ductos que domina la percepción pública, opera mediante la simulación de operaciones comerciales y la subdeclaración de volúmenes ante la autoridad. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el SAT canceló la capacidad de facturación de 2,205 empresas comercializadoras de combustible, identificadas como "empresas fachada" que documentaban ventas de hidrocarburos sin distribución real del producto. "Se constituyen, facturan brevemente y luego desaparecen para dar paso a nuevas entidades", describió Sheinbaum el patrón detectado.
Paralelamente, el Gobierno federal revocó 63 permisos de agentes aduanales vinculados a presuntas anomalías de contrabando y estableció una base de datos unificada de trazabilidad de combustibles que coordina semanalmente a cuatro dependencias: el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Energía (SENER) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
La dimensión del problema se refleja en casos concretos documentados por las propias autoridades. En un operativo reciente en Huejotzingo, Puebla, personal de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron 800,000 litros de hidrocarburo almacenados de forma irregular, junto con tres autotanques con capacidad de entre 20,000 y 39,500 litros, equipo de cómputo y documentación vinculada a una investigación por presunta delincuencia organizada.
En otro caso identificado por la autoridad fiscal se detectaron 15.3 millones de litros de combustible no declarado, con una omisión estimada de $88.5 millones de pesos en el pago de IEPS correspondiente, cifra que ilustra la escala de recaudación que el nuevo sistema de trazabilidad del IEPS busca recuperar.
Del complemento de hidrocarburos a la fiscalización total
La medida se inserta en un proceso regulatorio que se ha acelerado desde la extinción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en marzo de 2025 y su sustitución por la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo que hoy concentra el otorgamiento y revocación de permisos de comercialización de petrolíferos. Mientras la CNE vigila las condiciones operativas para comercializar gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo, el SAT se enfoca en la dimensión fiscal de esas mismas operaciones, verificando que el impuesto correspondiente efectivamente se pague.
En lo que coinciden ambas autoridades es en que ninguna opera de forma aislada: el expediente de una comercializadora exige, además del permiso vigente ante la CNE, un historial limpio de controles volumétricos, CFDI de hidrocarburos y, a partir de 2027, trazabilidad fiscal del IEPS de la gasolina pagado en cada transacción.
Qué cambia para gasolineras y comercializadoras
¿Qué tan preparadas están las comercializadoras independientes para operar bajo un esquema donde cada litro importado debe reconciliarse contable y fiscalmente hasta el punto de venta? La pregunta no es menor para las empresas de menor escala, cuya capacidad administrativa para sostener controles volumétricos, complementos de hidrocarburos en el CFDI y ahora un registro adicional de trazabilidad fiscal es más limitada que la de los operadores integrados verticalmente.
Para una gasolinera o comercializadora que trabaja con proveedores múltiples, la implicación práctica es doble. Primero, la selección de proveedores dejará de ser exclusivamente una decisión de precio y logística: verificar que un permisionario de importación o una comercializadora mayorista no figure entre las miles de empresas con facturación cancelada por el SAT se vuelve, en la práctica, un requisito de debida diligencia comercial.
Segundo, la documentación de respaldo de cada transacción, incluyendo Bill of Lading, cartas porte y dictámenes de laboratorio sobre el tipo de producto, adquiere un peso mayor frente a una autoridad que ahora podrá cruzar esos documentos contra el IEPS declarado desde el momento de la importación.
Ante un mecanismo que entrará en vigor de forma gradual conforme el SAT adapte sus sistemas, las empresas con contratos de suministro documentados y proveedores de historial fiscal limpio absorberán la transición sin sobresaltos. Las que dependen de intermediarios de bajo costo y trazabilidad documental débil, en cambio, enfrentan un riesgo creciente de quedar expuestas en las conciliaciones que el sistema hará posibles.
La apuesta por la trazabilidad se enmarca en un Paquete Económico 2027 que, según confirmó la propia presidenta, no contempla incrementos al IEPS de bebidas alcohólicas ni de cigarros, ni la creación de impuestos federales nuevos. La estrategia del Gobierno, por tanto, no busca elevar la carga fiscal sino cerrar los huecos por donde hoy se escapa la recaudación existente.
La trazabilidad del IEPS a la gasolina y al diésel llegará como una capa adicional sobre un entramado regulatorio que ya combina controles volumétricos, complementos de facturación electrónica y una base de datos interinstitucional entre el SAT, la ANAM, la SENER y Pemex, con el propósito de que el impuesto pagado en la importación de cada litro de gasolina pueda rastrearse sin interrupciones hasta el surtidor donde finalmente se vende, en un mercado donde la Secretaría de Hacienda calcula que la evasión asociada al huachicol fiscal superó los $16,000 millones de pesos durante 2025.
