Huachicol fiscal golpea 33 gasolineras Punto+ en México
El huachicol fiscal es un esquema de contrabando técnico mediante el cual combustible importado se declara ante la aduana bajo una fracción arancelaria distinta a la real, o en un volumen muy inferior al efectivamente transportado, para evadir el pago de aranceles y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A diferencia del huachicol tradicional, que perfora ductos de Pemex para sustraer combustible de forma física, el huachicol fiscal entra al país por las vías legales de importación y aparenta cumplir con la normativa aduanera, lo que lo vuelve considerablemente más difícil de detectar en el punto de venta y explica por qué especialistas del sector lo describen como la nueva cara del fraude aduanero en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) documentó en agosto de 2026 uno de los casos más extensos identificados hasta ahora: una red que distribuyó combustible de procedencia irregular a 33 gasolineras de la marca Punto+, propiedad del Grupo FAZA, ubicadas en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
Según la investigación, el combustible cruzaba desde Texas por ferrocarril, con embarques originados en la refinería filial de Pemex en Deer Park, y cada carrotanque declaraba ante la aduana mexicana alrededor de diez mil litros cuando en realidad transportaba más de cien mil. El esquema operaba con la participación de una agencia aduanal, Servicios Aduanales JR, cuyo propietario ya se encuentra preso, mientras que la dispersión hacia las estaciones corría a cargo de la empresa Crismon Hidrocarburos y Derivados, que además montó una triangulación fiscal con facturas que amparaban operaciones inexistentes, esquema que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasifica como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).
Por estas gasolineras pasaba buena parte del abasto de La Laguna: transportistas, ganaderos e incluso instituciones cargaban diésel ahí de forma cotidiana, sin que el origen irregular del producto fuera visible para el consumidor final.
Una red con ramificaciones políticas y el peso de una crisis de abasto
El caso de las gasolineras Punto+ no es un hecho aislado dentro del expediente que la FGR ha construido a lo largo de 2026 en torno al contrabando técnico de combustibles. El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red que usaba ferrocarriles y declaraba solamente el 10% del combustible efectivamente transportado, un patrón de subdeclaración prácticamente idéntico al identificado en el caso de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
La coincidencia en el modus operandi, señala la Fiscalía, sugiere que la triangulación aduanera vía ferrocarril se consolidó como una ruta preferida por distintas redes operando en paralelo, no como un incidente puntual atribuible a una sola organización.
El fenómeno tiene, además, una lectura estructural que columnas de opinión del sector han empezado a plantear con insistencia: este fenómeno también revela la fragilidad del abasto nacional de combustibles. México no produce suficiente gasolina y diésel para cubrir su demanda interna, lo que abre espacio comercial para redes que ofrecen producto importado a precios más bajos que los del mercado legal, precisamente porque no pagan los impuestos correspondientes.
Mientras las gasolineras que operan en regla absorben el costo íntegro del IEPS, las estaciones que reciben combustible triangulado compiten con una ventaja de costos que ninguna eficiencia operativa legítima puede igualar, lo que distorsiona la competencia en regiones enteras del norte del país.
La fiscalización ya llegó a los puntos de venta, no solo a las aduanas
Ante el hallazgo de la red Punto+, la respuesta de las autoridades se trasladó del control fronterizo hacia la fiscalización directa en las gasolineras. El 19 de agosto de 2026, autoridades federales aseguraron 64 mil litros de combustible de procedencia irregular y clausuraron una gasolinera en Coahuila, en el marco del reforzamiento de la fiscalización aduanera y de Hacienda sobre las cadenas de distribución de gasolina y diésel en el norte del país.
La acción confirma que el combate al huachicol fiscal dejó de concentrarse exclusivamente en agencias aduanales y empresas fachada, y ahora alcanza también a los permisionarios que reciben el producto en la última etapa de la cadena de valor de petrolíferos.
Esta ampliación del radio de fiscalización coloca a cualquier gasolinera, aun a las que operan sin intención de participar en el esquema, ante un riesgo operativo concreto: la responsabilidad de verificar la procedencia del combustible que reciben ya no recae únicamente en el proveedor o en la aduana. El gobierno federal, en paralelo, anunció un nuevo comprobante fiscal específico para gasolineras como mecanismo de trazabilidad adicional, lo que sugiere que la estrategia de contención pasará de las revisiones reactivas a una exigencia documental permanente para todos los permisionarios de expendio.
Qué puede hacer una gasolinera para blindarse frente al huachicol fiscal
La exposición de una estación de servicio ante este riesgo no depende de su tamaño ni de su ubicación geográfica, sino de la solidez de sus controles de procedencia sobre cada carga que recibe. Verificación documental de origen: cada entrega debe acompañarse de Bill of Lading, carta porte y CFDI con folio fiscal verificable ante el SAT, y cualquier discrepancia entre el volumen facturado y el volumen efectivamente descargado en tanques debe generar una alerta inmediata, no una nota administrativa posterior.
Validación del proveedor ante el padrón de importadores: antes de firmar un contrato de suministro, la gasolinera puede consultar si el proveedor y su agencia aduanal aparecen en listas de EFOS publicadas por el SAT, un filtro que habría expuesto tempranamente el vínculo con Servicios Aduanales JR en el caso de Coahuila.
Controles volumétricos propios como respaldo, no como sustituto: aunque la obligación de medición física recae en los proveedores de servicios logísticos conforme al Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal, contrastar los reportes recibidos contra los niveles reales de los tanques de almacenamiento permite detectar subdeclaraciones antes de que la autoridad las detecte en una auditoría. Diversificación de proveedores certificados: depender de una sola fuente de suministro, como ocurría con las estaciones Punto+ que recibían prácticamente todo su volumen de una misma red, elimina el punto de comparación que permite identificar precios anormalmente bajos como señal de alerta, puesto que un diferencial de costo sin explicación logística clara suele ser el primer indicio de combustible triangulado.
El contexto de márgenes ya comprimidos hace más costosa la exposición al riesgo
El combate al huachicol fiscal ocurre en un momento en que los márgenes legítimos de las gasolineras ya venían bajo presión por el ajuste semanal que la Secretaría de Hacienda aplica al estímulo fiscal del IEPS. A partir del 1 de agosto de 2026, los consumidores pagan $0.11 más de impuesto por litro de gasolina Magna y $0.20 más por litro de Premium, mientras que el diésel bajó casi $0.32 por litro en el mismo ajuste.
Durante la semana del 8 al 14 de agosto, el estímulo aplicado a la Premium quedó prácticamente sin apoyo del gobierno federal y el subsidio a la Magna también disminuyó, lo que se tradujo en un incremento en el precio final al consumidor y en una pérdida de margen estimada en $7.36 por litro para estaciones dedicadas principalmente a la venta de gasolina.
En ese entorno, cualquier gasolinera que compita, aunque sea de forma involuntaria, contra estaciones abastecidas con combustible triangulado enfrenta una doble presión: paga el IEPS completo sobre un margen ya reducido por los ajustes semanales de Hacienda, mientras compite por clientes con estaciones que ofrecen precios artificialmente bajos gracias a la evasión fiscal. Esta combinación explica por qué la fiscalización sobre este fenómeno no es solamente un asunto de cumplimiento normativo para el permisionario individual, sino una condición que determina si el mercado de combustibles en el norte del país compite en condiciones comparables o si una fracción de la oferta seguirá operando con una ventaja de costos que ninguna gasolinera legal puede igualar.
La investigación sobre la red Punto+ del Grupo FAZA, la vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel, el aseguramiento de 64 mil litros en Coahuila y el anuncio de un nuevo comprobante fiscal para gasolineras conforman, en conjunto, la evidencia de que el huachicol fiscal dejó de ser un fenómeno circunscrito a las aduanas fronterizas para convertirse en un riesgo operativo directo sobre cualquier gasolinera del norte de México que no verifique con rigor la procedencia documental de cada carga que recibe, en un mercado donde el margen legítimo ya se compensaba con dificultad frente a los ajustes semanales del IEPS antes de que la competencia desleal del combustible triangulado se sumara a la ecuación.
