Una gasolinera en México es, en términos estructurales, una empresa de margen comprimido cuya rentabilidad depende menos de su capacidad comercial que de las petroleras en México que le suministran combustible. Su costo de adquisición —la diferencia entre el precio al que compra en terminal y el precio al que despacha al consumidor— puede variar entre $1.50 y $2 pesos por litro según el origen del suministro, concentrando en ese rango el espacio que separa a un operador viable de uno que opera al filo de la pérdida.
En un mercado que, desde la Reforma Energética de 2013, transitó de un monopolio estatal a un ecosistema de más de 14,200 estaciones activas bajo más de 411 marcas comerciales, el proveedor se convirtió en la variable con mayor incidencia sobre la estructura de costos de cada permisionario.
El tope al precio del diésel de $27 pesos por litro, vigente desde el 4 de mayo de 2026 tras el acuerdo alcanzado con la administración de Claudia Sheinbaum, volvió visible esa asimetría con una precisión que ningún análisis de margen abstracto podría replicar. Únicamente el 9% de las estaciones que venden diésel cumplía con el precio tope en el primer día de vigencia, según datos de PetroIntelligence; 64% operaba alrededor de $28 pesos por litro y 27% se mantenía por encima incluso de ese nivel.
Para la semana del 14 de mayo, el porcentaje de cumplimiento escaló a cerca del 45%, conforme se agotaban los inventarios adquiridos a precios previos más elevados, según Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional.
La mejora en el cumplimiento no resuelve el problema de fondo; lo confirma. Los operadores que no podían respetar el tope sin incurrir en pérdidas son, en su mayoría, estaciones abastecidas por importadores privados que adquieren diésel a entre $1.50 y $2 pesos más por litro que las franquiciadas de Pemex.
Aplicar una regulación de precio uniforme sobre un mercado con costos de abastecimiento heterogéneos equivale, en la práctica, a fijar la misma regla de margen para actores que operan desde posiciones de costo radicalmente distintas.
¿Puede una política de precio tope funcionar con equidad en un mercado donde el costo de abastecimiento varía hasta $2 pesos por litro según el proveedor?
Pemex, Mobil y G500 lideran las petroleras en México con costos desiguales
Pemex, Mobil (ExxonMobil) y G500 concentran cerca del 70% de las 14,200 estaciones con permiso vigente al inicio de 2026. Pemex mantiene el liderazgo indiscutido apoyada en su red integrada de refinación, ductos y terminales de almacenamiento; Mobil opera alrededor de 700 unidades con énfasis en calidad de combustible y programas de lealtad; G500 sostiene cerca de 488 estaciones con fuerte presencia regional.
El resto del mercado lo integran OXXO Gas, Shell, Petro-7, Arco, TotalEnergies y Fullgas, marcas que compiten en segmentos urbanos y de corredor carretero, en un sector que estima un crecimiento de 3.5% en el número de estaciones durante 2026.
La distinción operativa más relevante no es la marca, sino el modelo de suministro. Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence, señaló que el cumplimiento con el precio tope "dependerá cada vez más del tipo de estación: las abastecidas por Pemex y las que dependen de importadores privados." Las franquiciadas de la paraestatal acceden al combustible a precio de primera mano, incluyendo el descuento de $0.90 centavos por litro que Pemex activó en terminal para apoyar el acuerdo de precio; las estaciones con proveedores privados cargan un sobrecosto estructural que ningún ajuste en el expendio puede eliminar sin erosionar el margen.
Sin regulación asimétrica, Pemex consolida su ventaja frente a marcas privadas
La Comisión Nacional de Energía (CNE) resolvió derogar el conjunto de disposiciones que imponían obligaciones asimétricas a Petróleos Mexicanos (Pemex) en sus ventas de primera mano de petrolíferos, permitiendo que la empresa productiva del Estado compita en el mercado mayorista sin las restricciones que la extinta Comisión Reguladora de Energía había establecido desde 2013. Entre las normas derogadas se encuentran metodologías de cálculo de precios de primera mano, reglas de transparencia en contratos y condiciones de acceso abierto a ductos y almacenamiento.
La consultora Qua Energy precisó que la medida "formaliza el cierre del régimen de intervención regulatoria sobre Pemex" y consolida un modelo de competencia supervisada donde la CNE mantiene supervisión sin control directo sobre precios.
Para los operadores con marcas privadas abastecidas por importadores, la resolución podría traducirse en condiciones de acceso a infraestructura logística menos favorables en el mediano plazo, puesto que la protección regulatoria que históricamente compensaba la ventaja estructural de Pemex en ductos y terminales propias deja de estar vigente. Los contratos de venta de primera mano vigentes conservan sus obligaciones hasta que se adapten al nuevo marco establecido en la Ley del Sector Hidrocarburos.
El precio de la gasolina y lo que queda para la estación después del IEPS
El margen disponible para una gasolinera promedio en México era exiguo antes de los ajustes regulatorios recientes. Ramses Pech, especialista en temas energéticos, documentó que las estaciones representan apenas el 8% del precio de la gasolina al consumidor, donde 44% depende de decisiones gubernamentales (incluyendo el IEPS, equivalente a $6.4555 pesos por litro o 28% del precio final) y 48% del comportamiento del mercado internacional.
Con Pemex vendiendo a comercializadores a un precio promedio de $21.68 pesos por litro y costos logísticos que en zonas remotas superan los 200 kilómetros de traslado, el margen residual de $1.70 pesos por litro que quedaba para la estación cubría apenas la operación básica, sin espacio para absorber regulaciones de precio adicionales.
Paralelamente, Pemex instrumentó un ciclo de talleres para capacitar a operadores de su red sobre la reducción de comisiones bancarias en pagos electrónicos, derivado del acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) que recorta entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales la comisión por transacción. La medida aplica exclusivamente a franquiciados Pemex, una ventaja adicional en un entorno donde el uso de medios electrónicos supera el 70% de las ventas en varias estaciones.
Las marcas independientes deben negociar estas condiciones directamente con las instituciones bancarias, sin el respaldo de una red nacional que consolide su posición negociadora.
El mercado de combustibles en México opera con una asimetría estructural que se profundiza con cada nueva regulación de precio, donde Pemex y sus franquiciados (la vertiente dominante de las petroleras en México) absorben los ajustes apoyados en una red integrada de refinación, logística y acuerdos bancarios propios, mientras los operadores abastecidos por importadores privados —que pagan entre $1.50 y $2 pesos más por litro de diésel— enfrentan cada tope de precio como una compresión adicional de un margen que, en las condiciones actuales de abastecimiento, ya operaba en el límite de lo que el cumplimiento regulatorio mínimo permite sostener.
