La trazabilidad del IEPS en combustibles es el mecanismo que el gobierno federal propuso en el Paquete Económico 2027 para dar seguimiento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios pagado en la importación de gasolina y diésel hasta la venta en gasolinera. El esquema obliga a comercializadoras, transportistas y estaciones a declarar el impuesto, algo que hoy solo hacen Pemex y las importadoras, según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de septiembre.
Cualquier volumen sin soporte documental pagaría una cuota de IEPS no acreditable, la que la empresa ya no podría descontar de su carga fiscal por no comprobar el origen lícito del combustible. Hacienda, centrada por años en medir litros mediante controles volumétricos, ahora busca cruzar facturas: el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que el objetivo es cotejar diferenciales entre lo comprado y lo facturado para identificar volúmenes de origen dudoso.
El mecanismo entraría en vigor el 1 de julio de 2027 y complementa, sin sustituir, los controles volumétricos vigentes desde el Anexo 30 de 2018.
Del huachicol fiscal a la trazabilidad del IEPS
El SAT canceló la facturación a 2,205 comercializadoras entre octubre de 2024 y agosto de 2026 por vender combustible de procedencia ilegal, cifra que rebasa por mucho los 714 permisos vigentes ante la Comisión Nacional de Energía. La disparidad expone el fraude central: sociedades sin permiso de la CNE facturan compras sin permisionario real detrás.
Marcial Díaz, socio de QUA Energy Consulting, explicó que una papelería puede facturar combustible sin que el comprador sepa que la operación exige permiso específico, dentro de un entramado de pedimentos aduaneros y CFDI maquillados para simular legalidad documental.
Qué deberán declarar las gasolineras ante el IEPS no acreditable
La gasolinera deberá reportar el IEPS pagado en su compra, sostener con CFDI y Carta Porte la correspondencia entre litros recibidos y vendidos, y conservar el expediente que acredite el origen de cada pipa descargada. Díaz advirtió que variaciones térmicas, mermas logísticas y desfases entre facturación y entrega generan diferencias sin implicar conductas ilícitas; para las gasolineras, integrar expedientes con controles volumétricos, contratos y registros contables se vuelve la defensa ante cualquier diferencial no aclarado.
El costo fiscal del huachicol, estimado por PetroIntelligence en $10,500 millones de dólares anuales, y el daño al erario que en casos bajo investigación alcanzó $600,000 millones de pesos según la procuradora fiscal Grisel Galeano García, explican la urgencia del candado. Las estaciones sin un sistema que vincule cada CFDI de compra con su volumen físico enfrentan, a partir de julio de 2027, el riesgo de que cualquier diferencial no explicado se traduzca en una cuota de IEPS no acreditable contra sus propios impuestos.
Imagen: Tony Webster vía Openverse (CC BY).
