El Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas LP es el instrumento con el que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) construye un padrón confiable del sector hidrocarburos en México, verificando que estaciones de servicio cumplan con requisitos de seguridad, operación e impacto ambiental. RENAGAS Fase II, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2025, transforma el enfoque del programa: de la identificación inicial de instalaciones a la ratificación de su situación real, con un esquema voluntario que ofrece reducciones de hasta 70% en sanciones económicas para instalaciones sin riesgos inminentes.
El diagnóstico que reveló la Fase I de RENAGAS
La primera etapa entregó datos de 17,000 estaciones de servicio y plantas de Gas LP, equivalente a 92% de las instalaciones del sector. El hallazgo central: aproximadamente 60% de los establecimientos registrados carece de autorizaciones de impacto ambiental vigentes, rezago acumulado por cambios normativos de los últimos años.
RENAGAS Fase II abre el proceso de regularización para subsanar esas inconsistencias en la plataforma de ASEA, con un calendario que inició en enero con la megalópolis (CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) y avanza hasta abril para el resto del país. Las visitas de inspección se extienden hasta 2030, y ASEA dispone de hasta 90 días hábiles por trámite.
Quedan excluidas instalaciones con permisos revocados, delitos ambientales o procesos judiciales en curso.
El vacío regulatorio que RENAGAS aún no alcanza en autoconsumos
El avance del programa dejó al descubierto una deuda estructural: el control efectivo sobre los autoconsumos de combustibles. Según Luis Guzmán Juárez, especialista en regulación del sector gasolinero, cuando Pemex dejó de ser autoridad tras la Reforma Energética de 2013 se abrió un espacio de informalidad que persiste. "No se puede hablar de piso parejo cuando solo se fiscaliza a las estaciones de servicio y se deja fuera a patios de autotransporte con autoconsumos irregulares", señaló.
Muchos de estos puntos operan con dispensarios desechados por gasolineras, fuera de la NOM-005-SCFI-2017 y sin supervisión técnica ni contractual, lo que los vuelve invisibles para el regulador. La trazabilidad de combustibles —GPS, balizado, timbrado fiscal y volúmenes declarados— apunta a ser el canal indirecto con el que la autoridad los identificará, vía solicitudes históricas a Pemex y controles del SAT.
RENAGAS Fase II configura la ventana de regularización más amplia que el mercado gasolinero mexicano ha tenido para ponerse al corriente con sus obligaciones ambientales, con 92% de instalaciones ya inscritas y reducciones de hasta 70% en sanciones como incentivo, mientras el control de los autoconsumos de combustibles aguarda instrumentos jurídicos con forma aún no definida.
