CNE suma 26 permisos para estación de servicio en agosto
Registro Público de Permisos de la CNE es el mecanismo administrativo mediante el cual la Comisión Nacional de Energía autoriza, actualiza y hace públicas las autorizaciones para almacenar, transportar y vender petrolíferos en el país, y constituye el documento de referencia que toda estación de servicio debe mantener vigente para operar sin riesgo de sanción. Su actualización de principios de agosto de 2026 elevó el número de registros autorizados de 18 a 26, un incremento que la industria interpreta como la primera señal concreta de reactivación tras meses de incertidumbre regulatoria derivada de la extinción de la Comisión Reguladora de Energía en marzo de 2025.
Para las gasolineras que llevan más de un año esperando resolución a sus trámites, el dato importa menos como estadística que como indicio de que el nuevo organismo regulador comienza a operar con ritmo propio.
La CNE entró en funciones como el único regulador del sector energético mexicano tras la desaparición de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ambas extintas en 2025. Su misión declarada es garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia del sector conforme a la política que define la Secretaría de Energía, y entre sus atribuciones concretas están regular precios y tarifas, otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina, y mantener un control público y actualizado de todas estas actividades.
Esa última función es, precisamente, la que se materializa en el Registro Público de Permisos que ahora exhibe movimiento.
Seis meses de espera y una reactivación tardía en los permisos de la CNE
De acuerdo con el especialista sectorial Luis Guzmán Juárez, las expectativas iniciales sobre la velocidad de resolución de trámites eran bajas: el primer permiso bajo la administración exclusiva de la CNE se resolvió apenas el 18 de junio, casi un mes después de que el organismo comenzó operaciones. La situación mejoró con una segunda ronda de autorizaciones el 28 de julio, que sumó cinco permisos adicionales, y con la actualización de principios de agosto que llevó el total de registros de 18 a 26.
Al menos seis de esos nuevos permisos corresponden específicamente a venta pública de combustible en estaciones de servicio, un segmento que había estado exigiendo atención urgente desde la disolución de la CRE. Aunque las resoluciones detalladas todavía no aparecen desglosadas en el portal oficial, el movimiento se lee en la industria como un gesto concreto hacia la resolución de pendientes acumulados, más que como una simple actualización administrativa.
La CNE ha sido enfática en que el cumplimiento regulatorio, la documentación sólida y la ausencia de litigios son las variables que determinan si una solicitud avanza. Las solicitudes incompletas o con documentación deficiente difícilmente prosperan, y el organismo ha insistido en que las nuevas presentaciones requieren preparación cuidadosa alineada con la regulación vigente para evitar demoras adicionales.
Para el permisionario que arrastra meses de trámite detenido, esa insistencia funciona como advertencia práctica: la reactivación no es automática, depende de expedientes bien armados. Para quien evalúa por primera vez los permisos para abrir una estación de servicio, el mensaje es el mismo: la CNE prioriza expedientes completos sobre la antigüedad de la solicitud.
Un registro temporal para quien no puede esperar
Paralelamente a la aceleración de permisos definitivos, la CNE anunció la implementación de un Programa temporal de Registro para la actividad de Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos, como parte de la transición hacia el marco regulatorio derivado de la entrada en vigor de la Ley del Sector Hidrocarburos y su Reglamento. El despacho para autoconsumo consiste en el suministro de gasolinas, diésel y gas LP exclusivamente a vehículos propiedad o en posesión de quien realiza la actividad, siempre que estén directamente relacionados con su objeto social, y no implica autorización para vender, ceder o transferir el producto a terceros.
El programa cubre así tanto el servicio de gas LP como el de gasolinas y diésel para autoconsumo, ampliando el alcance del registro temporal más allá de las estaciones de servicio convencionales.
Este registro, entendiéndose como un mecanismo temporal, ágil y excepcional, permite que quienes lo obtengan continúen operando mientras tramitan el permiso definitivo bajo la regulación que se emitirá posteriormente. La CNE notificó a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional sobre la implementación del programa, buscando que las personas registradas sean reconocidas como cumplidoras de los requisitos mientras dura la transición, lo que en la práctica ofrece un colchón de legalidad a empresas que hoy operan en una zona gris.
El caso de las constructoras de La Laguna, con trámites de permisos para gasolineras y transportistas de combustible igual de saturados, ilustra por qué ese colchón resulta necesario. Alejandro Jiménez Algara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en esa región, reconoció que algunas compañías han optado por mover combustible sin autorización formal, respaldándose únicamente en facturas de compra para demostrar la legalidad del producto ante una eventual revisión. "Ahorita el tema está en standby, pero nos obligan a tener los permisos y vamos a hacer todo lo posible por sacarlos", señaló, subrayando que la obtención del permiso es indispensable, sobre todo en un entorno donde el combate al huachicol ha endurecido la vigilancia sobre el transporte de hidrocarburos.
El huachicol como telón de fondo regulatorio
La urgencia detrás de la aceleración de permisos no puede desligarse del contexto de sustracción ilícita de combustible que ha marcado al sector en 2026. El empresario gasolinero Juan Gerardo Oyervides Rodríguez planteó que el combate al huachicol debe extenderse a toda la cadena de distribución y comercialización, no solo a quienes transportan el producto robado, puesto que la venta de combustible de procedencia ilícita coloca en desventaja a las estaciones que sí cumplen con los costos oficiales y las obligaciones fiscales.
Explicó que los precios se han mantenido relativamente estables, con la Magna alrededor de $24 pesos por litro y el diésel por encima de $27 pesos, situación que ha reducido los márgenes de utilidad de los operadores formales mientras las ventas también disminuyen.
Ante ese entorno, un Registro Público de Permisos más ágil funciona como herramienta de trazabilidad tanto como de fomento: cada permiso otorgado, reprogramado o registrado bajo el esquema temporal deja constancia de quién opera legalmente en la cadena de valor de petrolíferos, lo que facilita a las autoridades distinguir entre el permisionario formal y la operación clandestina.
Lo que significa para el margen de la estación de servicio
Para el operador de una estación de servicio, la aceleración administrativa se cruza con una realidad de precios que Profeco documenta semana a semana. La diferencia de precios entre estaciones de servicio en México, que el programa Quién es Quién en los Precios actualiza cada semana, añade otra variable a esa ecuación: el permiso vigente no garantiza margen si la competencia vecina vende más barato o, en el peor de los casos, por debajo de sus propios costos regulados.
El programa registró, para la semana del 21 al 27 de julio, un promedio nacional de $23.68 por litro en regular con subsidio IEPS de -36.5%, $28.50 en premium con subsidio de -26.4% y $27.03 en diésel con subsidio de -75.9%. Los márgenes por marca en ese mismo periodo oscilaron entre $1.46 por litro en Shell y $2.40 en Corpogas para gasolina regular, lo que confirma que la rentabilidad por litro depende tanto de la marca como de la región de operación.
Profeco reportó además que 85.2% de las gasolineras del país respeta el acuerdo voluntario de mantener regular y diésel por debajo de $27 pesos por litro, mientras el 17.5% restante todavía excede ese límite, con casos como una estación BP en Amozoc, Puebla, que llegó a cobrar $29.99 por litro. La brecha entre cumplimiento y excepción sugiere que el margen de maniobra comercial sigue siendo amplio pese al acuerdo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum con el sector empresarial a inicios de 2025, que fija en $24 pesos el tope de referencia para la Magna regular.
Un permiso vigente y actualizado en el Registro Público no solo evita sanciones; se convierte en el documento que sostiene la operación frente a Profeco, frente a la CNE y frente a cualquier revisión derivada del combate al huachicol, en un momento en que la brecha entre las estaciones de servicio que cumplen el acuerdo de precios y las que lo exceden convive con una brecha regulatoria similar entre permisionarios al día y operadores que, como las constructoras laguneras, siguen resolviendo su situación con facturas de compra mientras esperan que el trámite definitivo avance.
